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(Artículo publicado en 2019)

Gestión Urbanística del Ayuntamiento

 I.-      Aprobación del Plan Parcial del "Coto de San Isidro" 

II.-    Negligencia al no adoptar garantías del promotor

III.-   Reconocimiento explícito de comportamiento negligente

IV.-   Ocultación de documentos vitales

V.-    Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento

VI.-   El Ayuntamiento como infractor contumaz de la normativa urbanística

VII.-  Concesión de licencias urbanísticas en Fraude de Ley

VIII.- Recepción Tácita de la Urbanización

IX.-   Transgresiones al Ordenamiento Jurídico

X.-    Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos

XI.-   Los abusos

XII.-  Situación actual

XIII.- Conclusiones

GESTIÓN URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE ITUERO Y LAMA, EN SU COLONIA 

 “COTO DE SAN ISIDRO”

La Urbanización Coto de San Isidro, de Promoción Privada, iniciada en 1967 no respondió a las expectativas previstas. - Sobre 1995, la empresa promotora cesó en sus actividades, suspendió pagos y, en 2005, procedió a su cierre y liquidación. La urbanización fue recibida tácitamente por el Ayuntamiento el 31 de marzo de 2012 sin haber terminado sus infraestructuras.

Pues bien, la gestión del Ayuntamiento de Ituero y Lama, desde el comienzo, ha sido un auténtico agravio para los propietarios de inmuebles en el Coto de San Isidro.

Negligencia, desidia, omisiones, tergiversaciones, prepotencia, abusos e incumplimiento del ordenamiento jurídico, ha sido su forma habitual de gobernar. Lo único que ha importado ha sido utilizar al C.S.I. para recaudar impuestos al más puro estilo COLONIAL.

Su montaje legaloide para expoliar a los propietarios del Coto de San Isidro ha sido el siguiente:

 - "Por Ley, la obligación de urbanizar era del Promotor (COSAISA)

Cierto, pero además, obligándole a constituir garantías a favor del  Ayuntamiento para su terminación y así evitar dejar “colgados” a los compradores de parcelas, en caso de estafa o quiebra, tal como sucedió.

- "A falta de Promotor (COSAISA quebró), los propietarios “heredan” la obligación de urbanizar, pues las obligaciones siguen a la finca, no al propietario".

Falso, "hereda" el Ayuntamiento como depositario de las garantías recibidas del Promotor. Los propietarios no fueron protegidos por su Ayuntamiento al no exigir dichas garantías  (a lo que estaba obligado por Ley), incurriendo, en consecuencia, en responsabilidades.

- "Al ser una urbanización de Iniciativa Privada, es ilegal invertir o subvencionar obras de urbanización con dinero público”.

 Cierto, pero es legal, y obligatorio, terminar la urbanización con las garantías depositadas por el Promotor en el Ayuntamiento, pero que no le fueron exigidas.

Con este montaje, el Ayuntamiento se queda con la recaudación de impuestos ordinarios, en crudo, sin contraprestación ni obligación alguna para con la urbanización y, además, obliga a los propietarios a que realicen, a su costa, las obras e infraestructuras necesarias.  Se trata, pues, de una doble imposición, ya que la mayor parte de impuestos, en cualquier Ayuntamiento, se destinan a obras y servicios municipales.

Veamos a continuación, los hechos que demuestran que el Ayuntamiento de Ituero y Lama ha estado expoliando a los propietarios de inmuebles en la Urbanización Coto de San Isidro, y sus responsabilidades patrimoniales derivadas de tal forma de administrar.

I.- Aprobación del Plan Parcial del "Coto de San Isidro"

El 23 de Febrero de 1967, la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de la Delegación Provincial de Segovia, del Ministerio de la Vivienda, aprobó el Plan Parcial de Ordenación denominado Coto de San Isidro, urbanización a realizar en el término municipal de Ituero y Lama, condicionando su aprobación a que se garantizase la potabilidad del agua y a la constitución de garantía de financiación suficiente, “… conforme a la vigente Ley del Suelo, …para responder de la buena realización de la urbanización proyectada."

 "La garantía constituida quedará afectada a la realización de las obras y servicios de la urbanización y, en su caso, se aplicará a la ejecución de los mismos en defecto de la actuación del promotor”

Descargar Aprobación del Plan Parcial del Coto de San Isidro 

II.- Negligencia al no adoptar garantías del Promotor

El Ayuntamiento dio vía libre a la ejecución de la urbanización, pero fue temerariamente negligente, al no exigir las garantías necesarias para poder realizar la urbanización “…en defecto de la actuación del promotor”.

Puede decirse, sin temor a errar, que todos los problemas urbanísticos posteriores, hasta nuestros días, tienen su raíz en esta negligencia del Ayuntamiento en …su deber de  dirección y control de la actividad urbanística….

(Art.4.1ª del Reglamento Urbanistico de Castilla y León)

Dirección y gestión de la actividad urbanística 2

1. La dirección y el control de la actividad urbanística corresponden a la Comunidad Autónoma y a los Municipios de Castilla y León, dentro de sus respectivas competencias, sin perjuicio de la participación de la Administración del Estado, de las Diputaciones Provinciales y de la iniciativa privada, en las formas previstas en la normativa urbanística:

a) Corresponden a los Municipios todas las competencias de dirección y control de la actividad urbanística que no estén expresamente atribuidas a otras Administraciones públicas en la normativa urbanística.

III.- Reconocimiento explícito de comportamiento negligente

Esta negligencia fue reconocida explícitamente por el Ayuntamiento en informe remitido al Procurador del Común - con motivo de una queja presentada por la Comunidad de Propietarios por la imposición de cánones -, registrada en esa Institución con el número 20132084.

"2.- En los archivos municipales no figuran actuaciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento con el fin de que el promotor ejecutase la urbanización completa. Tampoco figura documento relativo a la prestación de garantía de urbanización, urbanización que se inició en la década de los años 60 y que se rige por la Ley del Suelo de 1956.”

Descargar Contestación del Ayuntamiento al Procurador del Común

IV.- Ocultación de documentos vitales

Especial atención merece el punto 4 de la contestación, pues oculta la existencia de un documento vital para delimitar responsabilidades, en cuanto a quién corresponde terminar la urbanización.

Efectivamente: El 18 de noviembre de 1.997, la Comunidad de Propietarios, viendo que la promotora de la urbanización iba a la quiebra, sin que el Ayuntamiento le hubiese exigido las obligadas garantías para terminar obras de infraestructuras, solicitó, en instancia dirigida al alcalde del Ayuntamiento se iniciara expediente a COSAISA, declarativo de incumplimiento de deberes urbanísticos y se aplicase lo establecido en los artículos 20, 21, 25, 26, 28, 42.3, 42.4, 52b, 207, 225, 227 y 245 de la Ley del Suelo. 

Como resulta evidente, el Ayuntamiento, por segunda vez hizo caso omiso al requerimiento, razón suficiente para responsabilizarle de la precaria situación en que quedó la urbanización y la desprotección a sus propietarios, a los que, para colmo, les asignó el papel de "herederos".

Descargar Solicitud de la Comunidad de Propietarios al Ayuntamiento por incumplimiento de deberes urbanísticos de COSAISA.

Fue en el Procedimiento Ordinario 36/2015, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia con motivo de contencioso sobre canon de abastecimiento y saneamiento planteado por que, advertido mi abogado de su existencia, solicitó del Juez que el Ayuntamiento ampliara el expediente aportando el documento ocultado.

V.- Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento cuenta con los servicios de Secretaría, de sesoramiento legal y urbanístico, no pudo ser casual la ocultación: El Procurador del Común, en su Resolución a la queja presentada por la Comunidad de Propietarios sobre la pretensión del Ayuntamiento de que, tras la recepción tácita de la urbanización inacabada, los propietarios financiasen las obras de infraestructuras pendientes mediante canon, dictaminó lo siguiente:

Descargar Informe del Procurador del Común

2.- Coste de las infraestructuras no ejecutadas   (Pg.5)

"Cuestión diferente será determinar si la ejecución de las infraestructuras no ejecutadas corresponde al Ayuntamiento o, en su caso, a los propietarios.

Respecto a esta cuestión nos indica el Ayuntamiento en su informe:

       2.1.- Obras de urbanización en general

…………………………………………………………………………………………….

También se indica que “No consta la recepción de reclamaciones por parte de la Comunidad de Propietarios de dicha urbanización relativas a las obras de infraestructuras inacabadas”.

…...............................................................................

 (Pág.8)

"De todo cuanto se ha expuesto resulta, a juicio de esta Institución y de conformidad con la doctrina jurisprudencial a que se ha hecho referencia, que, si bien los principales obligados a instalar y sufragar los servicios urbanísticos son los propietarios, el Ayuntamiento podría haber incurrido en responsabilidad en la medida en que no figuran actuaciones llevadas a cabo con el fin de que el promotor ejecutase la urbanización completa ni documento relativo a la prestación de garantía de urbanización. Ello no obstante y, también de conformidad con esa misma doctrina jurisprudencial, dicha responsabilidad debe modularse si se acredita que, efectivamente, no consta durante todos estos años la presentación de reclamaciones por parte de los propietarios afectados.”

Vemos que, de conformidad con lo expuesto por el Procurador del Común, la responsabilidad del Ayuntamiento es plena, sin que exista posibilidad de modularse en base a que la Comunidad de Propietarios afectados no presentase reclamaciones.

Es de suponer, que la ocultación de este documento, a sabiendas de que es fundamental para la asignación de responsabilidades patrimoniales y que podía influir de manera decisiva en el dictamen del Procurador del Común, sea acto punible y merecedor de algún tipo de reproche.

VI.- El Ayuntamiento como infractor contumaz de la normativa urbanística

Sin el menor interés por solucionar los perjuicios causados a los propietarios, como consecuencia de sus negligencias, el Ayuntamiento comenzó una huida hacia adelante que aún no ha finalizado:  Concedió Licencias Urbanísticas de todo tipo, cobrando ICIO, concediendo  Licencias de Primera Ocupación, cobrando IBI y demás impuestos municipales, hasta la recepción tácita de la urbanización en Marzo de 2012, infringiendo reiteradamente lo dispuesto en la Disposición Transitoria Octava del Reglamento Urbanístico de Castilla y León, sobre la “...prohibición de conceder licencias urbanísticas, en tanto la urbanización no sea recibida por el Ayuntamiento”.

Disposición Transitoria Octava (Decreto 45/2009). Urbanizaciones no recibidas

"En los sectores y demás ámbitos donde a la entrada en vigor de este Decreto la urbanización ya esté ejecutada pero no haya sido recibida por el Ayuntamiento, o bien donde los terrenos destinados a vías públicas, espacios libres públicos y demás usos y servicios públicos no hayan sido aún cedidos al Ayuntamiento, el Ayuntamiento no podrá conceder ninguna licencia urbanística, hasta que se cumpla lo dispuesto en los artículos 206 y 207 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León."

Como ha quedado dicho, nunca tuteló la urbanización, ni ejecutó infraestructuras, conservación o mantenimiento, ni dedicó contraprestación alguna, pues “… por imperativo legal, le resultaba imposible subvencionar obras en una urbanización privada, todavía por recibir” (sic)…. ¡tampoco podía dar licencias de obras por imperativo legal, ….. y las daba y cobraba!.

Es reprochable el cinismo de esta forma de actuar:

- Por doble negligencia del Ayuntamiento no tuvimos garantías del promotor.

- Nos hizo sus responsables subsidiarios, obligándonos a financiar las obras de urbanización y,  además, nos cobró tributos a fondo perdido.

VII.- Concesión de licencias urbanísticas en Fraude de Ley

La concesión de licencias urbanísticas no sólo contravenía lo dispuesto en la Disposición Transitoria Octava del R.U.C.yL. visto anteriormente, sino que también vulneraba otro artículo del propio reglamento, que dispone en su:

Artículo 68 Condición de solar:

En los Municipios sin planeamiento urbanístico municipal, tienen la condición de solar las parcelas de suelo urbano legalmente conformadas o divididas, aptas para su uso conforme a las normas establecidas en esta sección, y que cuenten con:

a)    Acceso por vía de uso y domino público que esté integrada en la malla urbana y que sea transitable por vehículos automóviles.

b)    Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, potencia, intensidad y accesibilidad adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones existentes y a las que permitan los instrumentos citados en el artículo 21.2

1º.- Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución, con una dotación mínima de 200 litros por habitante y día.

 2º.- Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales, capaz de evacuar al menos los caudales citados en el párrafo anterior.

 3º.- Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión, con una dotación mínima de 3 kilovatios por vivienda ó 50 vatios por metro cuadrado para otros usos.

Resulta evidente que las licencias urbanísticas que se han estado concediendo sin tener terminadas las infraestructuras, han sido ilegales, pues se han otorgado cometiendo fraude de Ley.  De nuevo, la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, es plena, por los daños y perjuicios causados.

Hay que añadir, que la mayoría de licencias se dieron a los propietarios sin  condicionarlas a la ejecución de obras de urbanización, para cumplir la condición de solar. El otorgamiento de licencias sin condicionar induce a confusión, pues el adquirente de parcelas de buena fe da por sentado que la urbanización no tiene problemas, sus parcelas son solares y, si no dispone de dotaciones en el momento de construir, serán realizadas por el Ayuntamiento; lo que no imagina es que es objeto de fraude de ley y, si la licencia es fraudulenta, el propietario no adquiere derecho alguno pues los actos contra la Ley son nulos. De nuevo, la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento es incontestable.

VIII.- Recepción Tácita de la Urbanización

En el Pleno del 31 de Marzo de 2012, el Ayuntamiento de Ituero y Lama, en un glorioso golpe de efecto y sin que en ningún momento fuese consultada o advertida la Comunidad de Propietarios que, hasta ese día, GESTIONABA Y PAGABA LAS OBRAS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA URBANIZACIÓN SIN ESTAR OBLIGADA, procedió a su recepción tácita.- Fue fundamentada jurídicamente en un informe elaborado por el secretario “in aliunde”, favorable a la recepción y se publicó, de forma definitiva en el BOPS, el 8 de Junio de 2012.

Descargar BOPS de la recepción tácita

No hay lugar a dudas: La verdadera motivación de la recepción, es política, así como obligar a los propietarios a pagar las obras pendientes de urbanización mediante “canon de urbanización” y contribuciones especiales haciendo tabla rasa de sus responsabilidades en el estado inacabado de la urbanización. 

Respecto a los impuestos especiales, hay que aclarar que, según manifestó públicamente el Concejal Delegado de Urbanismo a la Asamblea de propietarios celebrada por la tarde el mismo día de la recepción, era para terminar las aceras; en cuanto al resto de obras, se harían por canon (¿?).

Esa discriminación obedece a la ignorante y estúpida teoría impuesta por el Ayuntamiento para conceder Licencias de Primera Ocupación, de que la obligación de ejecutar las aceras corresponde a cada propietario colindante con las mismas, hasta el extremo de haber denegado L.P.O por tal motivo. Para mantener este abuso, es necesario contar con ignorancia propia y con la desinformación del interesado; y esto es así, por dos razones:

En primer lugar, porque las parcelas del Coto de San Isidro son PARCELAS NETAS, es decir, “…las comprendidas dentro del perímetro definido por sus linderos, una vez deducidas las superficies destinadas a viario y espacio libre públicos." En consecuencia, sus linderos separan el espacio privado (parcela) del público (calles con aceras) y, evidentemente, separa a quienes corresponde financiar las construcciones en cada tipo de espacio.

En segundo lugar, según dispone el Artículo 24 “Condición de solar” del RUCyL: 

Tienen la condición de solar las superficies de suelo urbano consolidado legalmente conformadas o divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente, y que cuenten con:

…………………………………………………

a) Acceso por vía urbana que cumpla las siguientes condiciones: 1.ª- Estar abierta sobre terrenos de uso y dominio público. 2.ª- Estar señalada como vía pública en algún instrumento de planeamiento urbanístico. 3.ª- Ser transitable por vehículos automóviles, salvo en los centros históricos que delimite el planeamiento urbanístico, y sin perjuicio de las medidas de regulación del tráfico. 4.ª- Estar pavimentada y urbanizada con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en el planeamiento urbanístico.

Es evidente que las aceras son de uso y dominio público, y su ejecución corresponde al Ayuntamiento.  Obligar a los propietarios de parcelas  del Coto de San Isidro a ejecutar “sus aceras” (sic), especialmente, cuando la Corporación estaba regida por propietarios vecinos del Coto, no sólo es de ignorantes prepotentes, sino, además, necios.

IX.- Transgresiones al Ordenamiento Jurídico

Pero para poder imponer cánones existía un problema: Multitud de inmuebles construidos con Licencia de Obra Mayor que, por Ley, debían de cumplir con la condición de solar y, si no cumplían, el Ayuntamiento debió denegarlas o si las otorgó, lo hizo ilegalmente bajo su responsabilidad.

¿Cómo explicar a un ciudadano de buena fe, que ha cumplido rigurosamente con sus obligaciones legales, que su parcela no es un solar y que debe pagar obras de urbanización?

Para solucionarlo, el Ayuntamiento aprobó dos Decretos de alcaldía nº 267/2013 y 286/2013, sosteniendo que las parcelas nunca han tenido condición de solar parcelas a las que, incluso, otorgó licencias urbanísticas y de primera ocupación, aunque, como los actos eran ilegales, no puede respetarlos, lo que deja a los propietarios desamparados.

La misma posición adoptó el perito judicial nombrado por el Tribunal de lo Contencioso, en su informe, pero dejando clara la forma torticera en que el Ayuntamiento ha gestionado la urbanización y que, curiosamente, la palabra “responsabilidad”, no aparece por ningún lado, siendo sustituida por “contradicción”.

Especialmente ilustrativos son los apartados H. CONTRADICCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN,  y    J. CONCLUSIONES, que deja muy claro cuanto he venido exponiendo.

Descargar Informe pericial

X.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos

Cuando se interpuso Recurso Contencioso-Administrativo contra el canon de alumbrado, costeado por vecinos particulares, se hizo alegando motivos técnicos y sobre legislación urbanística. Entonces, no eran suficientemente conocidas (ni había documentos probatorios) sobre las actuaciones arbitrarias del Ayuntamiento que he venido relatando.  Por tal motivo, no se alegaron.  Esto no volverá a suceder si de nuevo se intenta imponer cánones para obras pendientes de urbanización.

No obstante, la tramitación del expediente administrativo por parte del Ayuntamiento, fue tan desastrosa como cara y prepotente, pues omitieron el primer trámite obligatorio: publicar el Proyecto a efectos de Información Pública….

Sobre este “defecto”, presuntamente subsanable, es al que se agarran los canonistas para volver a las andadas y a aligerar, de nuevo, nuestras carteras.

La prepotencia lleva a la torpeza, y así podemos comprobar cómo la no publicación del Proyecto a efectos de información Pública, no fue casual:  En el Decreto de Alcaldía nº 59/2014 se desestiman …las alegaciones presentadas por D. Manuel Méndez de Vigo por los motivos expresados en el informe emitido por D. Andrés Victoria Romo…

En la página nº 5, dice textualmente: Informar también que la información pública del proyecto no es obligatoria.

Descargar Informe de D. Andrés Victoria Romo

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos sostiene que:

…………………………………………………..

(Pg.25) NOVENO.- Pero lo cierto es que el Proyecto no se ha publicado, no se acredita su publicación y es a la Administración a la que corresponde acreditar esta publicación. Además, esta Sala ha acordado, por providencia de 29 de enero, requerir al Ayuntamiento informe a la Sala sobre la publicación del acuerdo de aprobación del Proyecto de Actuación Aislada Adaptación a la normativa de la instalación de alumbrado público del Coto San Isidro, en el Boletín Oficial de Castilla y León, conforme al artículo 251.3.d) del RU; informando la Administración, por escrito presentado el día 12 de febrero, que “no se tiene constancia de que se haya realizado dicha publicación”.

…………………………………………

(Pag.27) No habiéndose publicado el Proyecto, no despliega sus efectos jurídicos, lo que determina que la resolución administrativa impugnada no resulta válida pues carece de cobertura.

……………………………………………

Procede, en suma, estimar el recurso de apelación."

Y, como fichas de dominó, cayeron el resto de cánones.

La moraleja es clara: Dinero tirado; las actuaciones del Ayuntamiento son costosas, torpes y dejan mucho que desear. Si volvemos a los cánones y los contenciosos, no crean los canonistas que lo tienen todo ganado.  Mas vale emplear el dinero público en obras.

XI.- Los abusos

a) Falsedades en documentos públicos

Ha existido un bulo alentado por el Ayuntamiento durante 40 años, plasmado en documento público y asumido, de buena fe, por los propietarios, de que la promotora COSAISA había entregado parcelas a la Comunidad de Propietarios para terminar la urbanización y, en consecuencia, la Comunidad de Propietarios heredaba las obligaciones de la promotora original y, por lo tanto, responsable de que la urbanización estuviese inacabada y la obligación de terminarla.

Esta falacia (para mí, estafa) queda bien relatada en el Informe de D. Andrés Victoria Romo, citado anteriormente, Pg.6:

……………………………………………………………………….

“En primer lugar, hay que decir que el promotor inicial era la empresa COSAISA, la cual abandonó las obras y vendió derechos y propiedades a la denominada Comunidad de propietarios Coto de San Isidro, así lo deja patente la escritura de compraventa y transmisión de fecha 21 de junio de 2977 (¿?), entre el propietario COSAISA y D. Francisco Bueno Arus en representación de la Comunidad de propietarios.

Es decir desde ese momento es evidente que el promotor ha dejado de ser COSAISA y ha pasado a ser la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COTO SAN ISIDRO, y es a esta a la que se le puede achacar la responsabilidad del incumplimiento de la terminación de la urbanización.

………………………………………………………….

Pero sobre todo también se deriva del principio de subrogación real en el urbanismo, y que parece ser desconocido por el alegante o redactor de la alegación”.    (Encima, chulería)

1ª Mentira: COSAISA no vendió derechos y propiedades a la Comunidad de Propietarios.

2ª Mentira: No existe escritura de compraventa y transmisión a la Comunidad de Propietarios; Es un documento PRIVADO de cesiones de parcelas como pago en especie de un préstamo recibido por COSAISA, de la C.P., y para obras en la 1ª Fase; documento que, posteriormente, se  elevó a público.

3ª Mentira: Si lo anterior es mentira, la C.P., no es responsable de incumplimiento alguno, sino parte damnificada.

4ª Mentira: La subrogación corresponde al Ayuntamiento, depositario legítimo de las garantías del promotor para terminar la urbanización, que no exigió, en claro perjuicio para los propietarios.  Este punto parece ser desconocido para el Sr. Victoria Romo.

Todo lo dicho anteriormente sobre cesiones, lo expuse y documenté en Informe aparte publicado en 2014.

b) Abuso y ejercicio antisocial del derecho

El Ayuntamiento (gobernado por el grupo socialista), actuó en la imposición y cobro de cánones, con abuso y ejercicio antisocial del derecho, al sobrepasar sus límites normales con daño para terceros.

La imposición de dos nuevos cánones, sin esperar la resolución de los tribunales al contencioso interpuesto contra el primero, supuso un acoso para el contribuyente que no acertaba a comprender la actitud prepotente, e imprudente, de la Corporación Municipal…. aunque esto no es lo más grave:

Lo más grave, es que la Corporación Municipal sintiéndose respaldada por la Ley –que permite continuar procedimientos sin tener que esperar a sentencias-, utilizó métodos desproporcionados y antisociales para el cobro de cánones, a pesar de estar sub iudice su legalidad:

- Embargando salarios, cuyo daño, no sólo está en las cantidades detraídas, sino también en el desprestigio que para los trabajadores ha supuesto que en sus empresas sean vistos como morosos.  Con el medio de vida de las personas y buen nombre, no se debió jugar en el Ayuntamiento de Ituero y Lama.

- Embargando devoluciones de Hacienda, en Junio, que en algunos casos, ha supuesto renunciar a vacaciones familiares de trabajadores modestos, pues era el dinero con el que contaban para su descanso.

- Embargando propiedades, anotando las cargas en el Registro de la Propiedad, cuya inscripción y posterior levantamiento correría por cuenta del contribuyente. A la carga, hay que sumar el descrédito para el afectado.

- Embargando pensiones, como caso más sangrante, a personas particularmente vulnerables por su condición de pensionistas.

No olvidemos que el Ayuntamiento estaba regido por el Grupo Socialista.

c) “Enriquecimiento injusto”

Esta perla pertenece en exclusiva al Partido Popular de la presente legislatura. Resulta que, a pesar de que las sentencias del TSJ de Burgos fueron favorables a los propietarios, el Ayuntamiento se quedó con el dinero pagado por los cánones anulados, aduciendo la teoría del enriquecimiento injusto.

Así lo justificaba: “Como el Ayuntamiento ya ha pagado unas obras con dinero del contribuyente, devolvérselo, es enriquecerlo” .  (¡ Tiene narices !)

Vistas, así las cosas,

¿El enriquecimiento injusto, es legal, aún teniendo su origen en un acto nulo  de pleno derecho(imposición de cánones)?

¿El principio del enriquecimiento injusto prevalece sobre el principio de seguridad jurídica?

¿El principio del enriquecimiento injusto, justifica el agravio comparativo entre contribuyentes, ya que los que no pagaron salen beneficiados sobre los que pagaron de grado, o coaccionados?

¿El principio de enriquecimiento injusto exime de responsabilidad al Ayuntamiento y de posibles comportamientos culposos, negligentes e imprudentes de sus funcionarios?

También forma parte de la argumentación del Ayuntamiento para no devolver los importes cobrados indebidamente, por cánones, el siguiente comentario:

Sin embargo, en el convencimiento de que se haya esa actuación dentro de la legalidad en el fondo y en la forma, se llevaron a cabo esos trámites y los propietarios de las parcelas del Coto de San Isidro se vieron beneficiados por esa actuación del Ayuntamiento que ha resultado ilegal posteriormente.

Es evidente, que en este argumento no se ha considerado su responsabilidad patrimonial,  ni lo determinado en el Art.7.2 C.C, sobre el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo, sobrepasando sus límites normales, como ya se expuso anteriormente.

 Y, para enriquecimiento injusto, el que ha venido practicando el Ayuntamiento de Ituero y Lama, durante más de cuarenta años, en los que se ha beneficiado de los impuestos del Coto de San Isidro, por ejemplo, SIN CONTRAPRESTACIÓN ALGUNA EN SERVICIOS.  

Es lo que popularmente se llama “llevárselo crudo”.

Ese es el verdadero enriquecimiento injusto.

XII.- Situación en 2019

La urbanización sigue sin estar terminada, pero a diferencia de la legislatura 2011-2015, está recibida por el Ayuntamiento y, tras las sentencias del TSJ de Burgos, no caben dudas sobre sus plenas competencias y responsabilidades para terminarla, así como mantener lo realizado con cargo a impuestos ordinarios.

Sin embargo, en los cuatro años de legislatura del P.P., tan sólo se han asfaltado dos calles cortas y se ha abandonado el mantenimiento del resto. Su inactividad es tan vergonzosa que, ni tan siquiera, en época de elecciones, han arreglado los baches de las pocas calles con pavimento algo decente.

¿Dónde está el dinero de nuestros impuestos? ¿Por qué no se acometen las obras que tienen la obligación de terminar?.  Por poner, tan sólo un ejemplo, calculo que entre todos los vecinos de mi calle hemos aportado en los cuatro últimos años alrededor de 20.000 € a las arcas municipales, sólo en concepto de IBI.   A cambio, el Ayuntamiento no ha hecho ABSOLUTAMENTE NADA, al igual que en el resto de la urbanización.

Esta situación no es de recibo, especialmente, cuando, según el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento tiene actualmente una tesorería de 584.000 €.  Parece ser que la política del P.P. es tener a su disposición una Caja de Ahorros alimentada con impuestos del Coto de San Isidro para que, cuando pierda las elecciones, se gaste el dinero el grupo político que los sustituya, en vete a saber qué, tal como ocurrió en 2011.

Según el P.P, en 2011, dejaron en caja al PSOE, alrededor de 600.000€ limpios; con estos fondos se podía haber financiado, más que de sobra, las obras de alumbrado público, agua potable y alcantarillado. De lo que pasó con esos fondos, no nos enteramos los vecinos del Coto, pero sí nos enteramos de los cánones -ilegales- para financiarlas, incluidos embargos de pensiones, cuentas corrientes y anotaciones en el Registro de la Propiedad.

La cuestión, es qué va a pasar con los fondos ACTUALES que hay en el Ayuntamiento; si vuelve a ganar el P.P solo o acompañado ¿seguirá ahorrando? … y si gana el PSOE, solo o acompañado, ¿se gastará el dinero en huertos, inauguraciones y demás mamandurrias clientelares? ¿Volveremos, por enésima vez a pagar impuestos ordinarios + cánones para obras?

XIII.- Conclusiones